Exoneran a ALTOS FUNCIONARIOS cómplices de la fuga de “El Chapo”

Juan Ignacio Hernández Mora y Paulo Uribe Arriaga, los funcionarios penitenciarios de más alto rango presuntamente responsables de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en julio de 2015. 

Finalmente fueron exonerados de todo cargo. La decisión la tomó el juez federal Víctor Octavio Luna Escobedo, el mismo que los había consignado al principio, luego de un intercambio de información con Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, personaje cercano al presidente Enrique Peña Nieto.

En común acuerdo, la Procuraduría General de la República (PGR) y un juez federal exoneraron a quienes se perfilaban como los principales responsables de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en 2015: Juan Ignacio Hernández Mora y Paulo Uribe Arriaga.

A pesar de que inicialmente habían sido consignados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR por ser los funcionarios de más alto rango en el manejo directo de los penales federales en el país, ambos libraron la prisión y cualquier otro proceso penal.

Hernández Mora sólo fue cesado como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), mientras que Uribe Arriaga se mantiene como director general de Administración del órgano, donde una de sus tareas es la de contratar los servicios de seguridad periféricos y subterráneos en las cárceles federales, lo que omitió en el caso del penal del Altiplano.

De acuerdo con documentos judiciales conocidos por este semanario, Hernández Mora y Uribe Arriaga fueron advertidos de esa falla cuando El Chapo ya estaba en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, de donde el capo sinaloense escapó a través de un túnel de casi kilómetro y medio el 11 de julio de 2015, aunque fue recapturado siete meses después.

La gracia para Hernández Mora y Uribe Arriaga se concretó en un intercambio de información entre la SEIDO, a cargo entonces de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, y el juez federal Víctor Octavio Luna Escobedo, a quien el Poder Judicial de la federación le dejó hacerse cargo de los procesos penales contra todos los implicados en la fuga en julio del 2015.

Muñoz Vázquez pertenece al entorno del presidente Enrique Peña Nieto. Trabajó en la PGR con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y dejó de ser subprocurador horas antes de que el juez decretara la formal prisión contra los funcionarios ahora procesados.

Lo que ocurrió después con Hernández Mora y Uribe Arriaga fue algo más que suerte. Al entonces comisionado del OADPRS no lo pudo sostener quien lo promovió para hacerse cargo de los penales federales, Monte Alejandro Rubido García, quien lo tuvo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) al inicio del actual gobierno, aunque su relación en esa instancia viene desde el sexenio de Felipe Calderón.

Casi dos meses después de la fuga, Rubido también tuvo que dejar el cargo como titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la que dependen tanto las prisiones federales como la Policía Federal. Todas esas instancias están bajo el mando de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Uribe Arriaga tenía mejor respaldo: el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien ha trabajado desde los años noventa, pasando por el gobierno del estado de Hidalgo y ahora como jefe de la seguridad en el país (Proceso 2030 y 2052). Pese al desprestigio internacional que la fuga representó para su gobierno, Peña Nieto mantuvo en su cargo al exgobernador de Hidalgo, quien ahora busca ser precandidato presidencial del PRI.

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