“Guerrero y Coahuila (y Veracruz), el campo de exterminio más grande de México”

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, compareció ayer bajo un formato inédito: en comisiones, luego de que históricamente los hombres del Presidente encargados de la política interior del país siempre habían comparecido, para los efectos del análisis del informe presidencial, ante el Pleno de los 500 diputados.

Fue un encuentro desflemado, si se le mira con el cristal de la rendición de cuentas. O simplemente paleros de un hombre que negó estar trabajando para una hipotética candidatura presidencial, y no políticos del Peso y el Contrapeso hablando del país.

De lo rescatable, figuró la intervención en la segunda ronda de participaciones, de tres, de la diputada federal del PRD María Cristina Teresa García Bravo, que mereció una respuesta deshilvanada del secretario:

“En los últimos años”, dijo la perredista en la acotada tribuna de las comisiones, “la gobernabilidad del país se ha visto seriamente afectada por el problema de la inseguridad, la opacidad, la corrupción y la impunidad. La libertad está amenazada y la democracia en vilo en tanto sigamos padeciendo el flagelo de la violencia en el país”.

Siguió argumentando ella: “No lo decimos nosotros, los datos más recientes del INEGI señalan que al tercer trimestre de 2016, un 71.9 por ciento de los mexicanos se sienten inseguros”.

Y entonces apostilló: “Los casos que lo demuestran son muchos. Las entidades como el estado de México, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Colima, presentan altos índices de homicidios, robos, secuestros, extorsiones, desapariciones, así como el incremento de la delincuencia organizada y el narcotráfico que superan tres veces la media nacional”.

Estos hechos –reforzó la legisladora- “no dejan lugar a dudas sobre el fracaso del Estado en su tarea de combate a la inseguridad y la violencia en nuestro país. Los números no mienten. Según el INEGI se han cometido 78 mil 109 homicidios dolosos y 5 mil 389 casos de secuestros durante la primera mitad de la presente administración”.

Directa la flecha a la Secretaría encargada de la política interior, la diputada insistió: “El informe de víctimas de homicidios, secuestros y extorsión, con datos de enero al 31 de agosto del 2016, señala que hay un registro de 14 mil 549 víctimas de homicidios dolosos, 867 secuestros y 3 mil 383 extorsiones en las 32 entidades federativas, sin contar las fosas clandestinas localizadas en Guerrero y Coahuila, lo que podría ser el campo de exterminio más grande de México”.

Y no paró ahí, la legisladora. “Uno de los temas a resolver más importantes, sigue siendo la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa”.

Y preguntó dos veces: “¿Qué avances reales tiene la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Tampoco puede pasarse por alto la incapacidad del gobierno para enfrentar el problema de los más de 28 mil desaparecidos, las detenciones arbitrarias, los crecimientos casos de tortura, los abusos cometidos por policías federales y las violaciones graves a los derechos humanos. ¿Qué ha pasado con la investigación de Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, y Nochixtlán en donde las autoridades federales cometieron abusos?”

Respondió Miguel Ángel Osorio Chong: “México es uno de los países del mundo con mayores mediciones oficiales, sino es que el más. Y yo creo que vale la pena que partamos de esas mediciones para que acudamos a la realidad que vivimos hoy que hemos vivido en los últimos años”.

Minimizaba a las encuestas, de las que decía: “Hay encuestas de percepción, diputada, como estas del Inegi, en las que solamente se pregunta en una encuesta a un cierto número de personas, y no obedece exactamente al registro de nuestras instituciones que su partido y usted, como muchos más, creemos en ellas, los gobiernos de los estados, los ministerios públicos, el Poder Judicial en las entidades”.

Osorio entonces miró hacia los 28 mil desaparecidos, la terrible llaga de México. “Quiero decirle que esa es la cifra que me encontré cuando llegué a la Secretaría de Gobernación, esa, hecha en un esfuerzo por la entonces Procuraduría General de la República, esa es la cifra que me encontré, ahí sigue. Lo que tenemos que informar bien a la ciudadanía es si son desaparecidos o son no localizados, si es desaparición forzada o es algún otro tipo de delito y va a ver usted que la diferencia es totalmente dispersa”.

El titular de Gobernación respondió preguntando: “¿Usted cree que no me gustaría aprovechar esta cifra para decir que esa es la que me encontré y esa es la que se nos dejó? No, hay que actuar con responsabilidad. Estos 28 mil no obedecen a desapariciones forzadas todas, hay casos y no son personas que ya estén desaparecidas”.

Y apostillaba también: “Déjeme decirle que de los desaparecidos, por cierto, y refiere usted Coahuila, acabo de estar allá y me encontré con la Organización Intec, que viene buscando a susÂÂ  desaparecidos 2008, 2009, 2010, 2011, y de la misma manera les hemos venido diciendo que vamos a trabajar con ellos, y hoy se sienten, no han encontrado a sus familiares, pero se sienten respaldados porque hay políticas públicas para su búsqueda, protocolos adecuados que hemos hecho con organismos internacionales y con ellos, y que por lo menos ven que hay la atención y la decisión por hacer todo por localizar a sus familiares”.

Y remachaba en esa comparecencia devenida casi en conversación entre amigos: “Hoy nos reunimos con ellos y, sean de antes o sean después, lo importante es que se vea la acción del gobierno, y nosotros estamos actuando”.

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