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Comienza la "protección" al "Mini Lic" Juez Federal le libera a sus escoltas... y las armas y droga apa?

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Una juez federal dejó en libertad a cinco personas que la PGR señaló como escoltas de Dámaso López Serrano "El Mini Lic", al concluir que fueron detenidos sin orden judicial y presuntamente torturados.

María Elena Cardona Ramos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, dictó el auto de no vinculación a proceso a los acusados, tras considerar que es inverosímil el informe policiaco de las capturas y que es muy probable que los detuvieran en un allanamiento.

Además, ordenó a la Procuraduría investigar posibles hechos de tortura en agravio de Ramón Arrellanes Almazán, Juan Enrique Rodríguez Acosta, Jesús Alejandro y Trinidad Francisco García Parra, originarios de Sinaloa, así como Jorge Tovar Calleros, de Jalisco, quienes abandonaron la madrugada de ayer el Reclusorio Sur.


Lo anterior luego de que varios de ellos declararon que los agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) trataron de asfixiarlos con bolsas de plástico en la cabeza, los patearon en el tórax y hombros, y los amenazaron con que llevaban órdenes de matarlos si no revelaban el paradero de "El Licenciado".

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) los acusó de delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, portación y posesión de armas, así como posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército.

Lo anterior por el aseguramiento de 4 kilos 920 gramos de metanfetamina, 12 gramos de cocaína y 805.7 gramos de una mezcla de cafeína con metanfetamina, además de 2 armas largas, 2 cortas, 160 cartuchos útiles, 2 granadas, un lanzagranadas y 8 cargadores.

El Informe Policial Homologado refiere que el pasado 4 de mayo, agentes de la PFM realizaban un rondín de vigilancia, cuando detectaron a sujetos armados que corrieron al interior de la vivienda ubicada en Almenas 85, en la Colonia Jardines del Sur, en Xochimilco.

Según la versión de los agentes, dejaron la puerta abierta, por lo que los persiguieron en flagrancia y dentro del inmueble aseguraron la droga, las armas y a los demás cómplices.

Sin embargo, la conclusión de la juez Cardona es que nunca existió una agresión real o inminente que pusiera en peligro la vida de los agentes, para justificar la introducción al domicilio sin orden de cateo, pues los sospechosos no les dispararon o intentaron disparar.

Incluso, de haber existido la agresión, ésta habría concluido en el momento en que huyeron al interior del inmueble, conforme a las excepciones que marca la norma vigente, según la juez.

En su declaración, los cinco detenidos afirmaron que antes del ingreso de la policía al inmueble, escucharon un estruendo en la puerta.

En un oficio de inspección de la PFM se registró la existencia de un golpe en la parte superior de la chapa de la puerta principal en el inmueble allanado.

"Existe inverosimilitud en el informe policiaco y esto encuentra apoyo en lo dicho por los propios imputados. Para la vinculación a proceso no sólo son necesarios indicios, sino indicios razonables. Considero que con los datos y medios de prueba no puede considerarse que exista razonabilidad en los indicios", dijo la juez.

Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el fallo de la juez no puede ser impugnado. No obstante, Cardona precisó que no iba a sobreseer la causa, lo que significa que la SEIDO puede volver a investigar y acusar a los liberados por los mismos hechos.
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