Cárteles incrementan el trafico de drogas por vía marítima

El endurecimiento que ha hecho el gobierno del presidente Donald Trump de la frontera mexicana ha obligado a los grupos del crimen organizado a buscar diferentes rutas y otras formas para ingresar droga a los Estados Unidos.

La nueva modalidad que están adoptando los cárteles colombianos para librar los controles de vigilancia en la frontera de México es enviar droga vía marítima por aguas mexicanas -principalmente por el Océano Pacífico- utilizando tecnología GPS.

A través de estos dispositivos, los narcotraficantes facilitan que un tercero pueda recoger el cargamento para que éste continúe su ruta por el mar o en ocasiones vía terrestre y de este modo evadir la persecución de las autoridades marítimas.


El mes pasado la Marina Armada de México logró incautar en altamar cerca de 7 toneladas de cocaína enviada desde Sudamérica a los Estados Unidos.

Según cifras oficiales de la dependencia, en junio se incautaron 6 mil 740 kilogramos de cocaína.

Es una cifra sin precedentes y la más alta en los últimos 20 años.

En todo 2014, la Marina decomisó 1.9 toneladas de cocaína, y 542 kilogramos en 2013, por poner un ejemplo.

En un solo mes (junio de 2017), los marinos incautaron más del triple de cocaína que en todo el 2014.

Expertos en materia de seguridad aseguran que el decomiso de cocaína de Sudamérica rumbo a los Estados Unidos se encuentra en su punto más alto en las últimas dos décadas y obedece a la coordinación que existe entre las autoridades norteamericanas y mexicanas, principalmente la Marina en el combate al narcotráfico.

Marina tiene más presencia

El pasado 5 de abril, el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, reconoció que en el último año se había incrementado el trasiego de droga por el Pacífico de forma importante, por lo que también se han incrementado los decomisos.

El secretario aseguró que la Marina tiene ahora mucha mayor presencia, más medios y mayores capacidades, sumado a una gran coordinación existente entre todas las marinas de Centro y Sudamérica, así como las de Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, toda esa suma de factores por sí solos no bastarían para explicar el aumento desproporcionado de los decomisos en el último mes, por lo que podríamos estar ante el inicio de una nueva estrategia en materia de combate antidroga con la Marina asumiendo mayor participación en coordinación con agencias estadounidenses.

El diputado Waldo Fernández, presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, afirma que es posible que el mensaje político que da la nueva administración estadounidense está haciendo mella en la psicología de los cárteles.

“Hay una señal al menos política por parte del gobierno de Estados Unidos respecto a endurecer su frontera, no estoy descubriendo el hilo negro, todas las declaraciones del presidente Trump van en ese sentido. No sabemos si esto está sucediendo en los hechos en las aduanas, pero al menos el mensaje político existe”, dice Fernández.

Por su parte, Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM y experto en seguridad, señala que este repunte obedece al aumento de envíos que ha sido detectado por los cuerpos de inteligencia y que han propiciado la coordinación entre autoridades de Estados Unidos, México y otros países centroamericanos.

“Hay más decomisos porque hay más envíos de cocaína y también no solo porque hay más envíos de cocaína, sino porque hay una cooperación internacional muy fuerte que le hace a la Marina tener más capacidad de reacción e intercepción”, explica Benítez Manaut.

La ruta marítima preferida por los cárteles del narcotráfico es el Pacífico, saliendo de Colombia principalmente, para intentar evadir la vigilancia en la frontera utilizando la tecnología GPS en los cargamentos.

Algunas veces los cargamentos hacen ‘escala’ en algunos países de Centroamérica, como El Salvador, Guatemala y Nicaragua para seguir su ruta en una nueva embarcación o por tierra rumbo a Estados Unidos.

En México, los últimos grandes decomisos de cocaína se han concentrado precisamente en las costas del Océano Pacífico, desde Chiapas, Guerrero y Michoacán, hasta la zona de Baja California Sur.

A ello se suman otros operativos realizados en las últimas semanas en las costas de Guatemala y Costa Rica y el decomiso histórico de la Guardia Costera estadounidense, que en mayo pasado incautó más de 18 toneladas de cocaína en diversos operativos en las costas de Centro y Sudamérica.

En octubre de 2011, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) hizo un llamado de atención a las autoridades mexicanas, pues mientras los gobiernos estadounidense y colombiano habían intensificado sus operaciones en altamar, en México los decomisos habían venido a la baja en los dos años previos.

La información de la DEA indicaba que los decomisos por parte de la Marina se habían reducido sustancialmente entre 2008 y 2010, y la Semar argumentaba que mantenía la cobertura que le corresponde (a 20 millas de la costa), por lo que los decomisos se habían concentrado en tierra a cargo de la Sedena.

Hoy, los datos arrojan otra realidad, la intensificación de los operativos mar adentro de la Marina, con resultados históricos, síntoma de la buena sintonía y coordinación existente con sus pares en Estados Unidos.

“El sistema de inteligencia naval es muy profesional y está en comunicación con los servicios de inteligencia navales y militares del comando sur de Estados Unidos, esto explica su gran capacidad de intercepción. Están cubriendo cada vez mayor capacidad”, señala Raúl Benítez.

La coordinación entre la Marina Armada de México y las instancias estadounidenses de combate al narcotráfico tiene su origen en la Iniciativa Mérida, firmada en 2008 por los entonces presidentes Bush y Calderón, y que ha continuado con Peña Nieto, Obama y aún en los primeros meses de Trump.

A través de este programa, el Congreso de Estados Unidos ha asignado recursos que tienen como destino las instituciones mexicanas de seguridad para el equipamiento tecnológico y entrenamiento de sus elementos.

La agencia mexicana más favorecida por esta iniciativa ha sido la Secretaría de Marina, la institución que más confianza tiene por parte de sus pares estadounidenses, y con la que mejor relación y comunicación existe.

El mayor objetivo ha sido afectar la capacidad operativa del crimen organizado, el reforzamiento en la seguridad fronteriza y el apoyo logístico para la implementación del nuevos sistema de justicia penal.

Con sus altas y sus bajas, éstas últimas acentuadas con la llegada de Donald Trump quien ha solicitado un recorte en el presupuesto de la ayuda al exterior, la cooperación y coordinación entre las agencias estadounidenses con instancias como la Marina y PGR se mantienen en los mejores términos.

“El Pentágono y el departamento de Marina de Estados Unidos y la Guardia Costera tienen comunicación constante con los marinos mexicanos. Ellos tienen información privilegiada de forma cooperativa, no de forma subordinada”, dice Waldo Fernández.

Para el diputado, esta colaboración habla de una sana relación bilateral entre las agencias de seguridad que continúa siendo efectiva a pesar de las diferencias entre las administraciones.

“México y Estados Unidos comparten la frontera, tienen problemas comunes y finalmente siempre han trabajado por encima de la agenda política que existe en otros temas, como migración, por darle seguridad a los ciudadanos de ambas naciones”.

El legislador considera que con los signos de armonía existentes entre las agencias mexicanas y estadounidenses, este sería un buen momento para impulsar otros temas en la agenda bilateral que se han mantenido rezagados en el último año.

“Sobre todo con el lavado de dinero, me parece que es fundamental la cooperación entre los dos países, porque al final de cuentas en el lavado de dinero eso sería una parte fundamental y la otra creo que por reciprocidad, los norteamericanos deberían ayudar a México en la parte de evitar que de Estados Unidos hacia México se transiten armas”, sostiene.

Por su parte, Raúl Benítez Manaut está convencido que el punto flaco del combate al crimen organizado es el lavado de dinero, un tema al que ninguna de las administraciones ha dedicado esfuerzos más serios.

“Es muy débil el combate al lavado de dinero tanto en Estados Unidos como en México, involucra narcoempresarios, narcopolítica y muchas veces los gobiernos tienen temor a afectar intereses creados de grandes grupos empresariales que ayudan a los cárteles del narcotráfico a lavar dinero”, comenta.

Extradiciones, agenda paralela

La reciente cooperación entre las instancias de seguridad y combate al narcotráfico de México y Estados Unidos, coincide con otros esfuerzos emanados de las instancias de procuración de Justicia, tanto la PGR en México como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En los últimos meses, de forma paralela, las autoridades de ambos lados de la frontera han llegado a acuerdos para la extradición de presuntos criminales capturados en suelo mexicano, para que respondan por cuentas pendientes con la justicia estadounidense.

El caso más emblemático es el de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quien fue enviado de forma sorpresiva a Estados Unidos en las horas previas a la toma de posesión de Donald Trump.

Después, en abril pasado, la PGR anunció un acuerdo entre ambos países en el que se anunciaba que el exgobernador Tomás Yarrington sería extraditado a los Estados Unidos para responder a la justicia de ese país y una vez juzgado sería llevado ante un juez mexicano para que responda por las acusaciones en territorio nacional.

El 2 de mayo, la Marina detuvo a Dámaso López Núñez “El Licenciado” en la Ciudad de México, quien además de los crímenes que se le imputan en México es requerido por la Corte de Virginia en Estados Unidos. Raúl Cervantes, titular de PGR afirmó que la depndencia analizaría si procede la extradición del presunto narcotraficante.

Más allá de estos casos, que han sido los más representativos en lo que va del año, la PGR informa de manera regular sobre el cumplimiento de órdenes de detención provisional con fines de extradición sobre presuntos delincuentes con cuentas pendientes en los Estados Unidos.

Con acusaciones que van desde delitos contra la salud, asociación delictuosa, lavado de dinero, posesión de armas de fuego hasta homicidio y trata de personas, y requeridos en diversas cortes de Estados Unidos, los prófugos de la justicia ya esperan en reclusión su extradición, y algunos otros que ya habían sido capturados con anterioridad ya han sido trasladados al vecino del norte.

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