Casos de “El Pit” y “El Güero Camarón” a la SCJN, integrantes del CAF

En su lucha jurídica por evadir la acción de la justicia, los presuntos narcotraficantes Rubén Ríos Estrada alias Pedro Ignacio Zazueta “El Pit” o “Carlos”, y Luis Ernesto Ramírez Vázquez “El Güero Camarón”, miembros del Cártel Arellano Félix (CAF), consiguieron que un tribunal remitiera su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La defensa de los ex sicarios y distribuidores de drogas pretende probar la inconstitucionalidad del Artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO) que faculta al Ministerio Público federal, utilizar en sus investigaciones y persecución de miembros del crimen organizado, pruebas producidas en procesos penales distintos y que éstas sean valoradas por los jueces en sentencia.

De acuerdo a lo planteado por el abogado, en este caso un defensor de oficio, adscrito al tribunal donde se encuentran encausados “El Pit” y “El Güero Camarón”, este precepto legal viola los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica de sus defendidos, en lo que considera una trasgresión al llamado “debido proceso”.

Otro de los requisitos para acreditar el tipo penal de delincuencia organizada será la existencia de una organización delictiva determinada (CAF), reconocida como tal en una sentencia judicial irrevocable, emitida por una autoridad judicial mexicana o del extranjero. Y desde luego, con documentales, testimoniales u otras pruebas, acreditar la vinculación del o los sujetos a la referida estructura criminal.

Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, que conocían del recurso de revisión interpuesto en un juicio de amparo que les fue negado a los quejosos, se declararon incompetentes legalmente para resolver sobre la controversia y, luego de deliberar sobre el asunto, decidieron remitir el medio de impugnación a la SCJN por tratarse de un caso de inconstitucionalidad. “Se considera debe conocer por razón de competencia originaria”, determinaron los funcionarios judiciales.

Situación jurídica

Actualmente Rubén Ríos Estrada alias Pedro Ignacio Zazueta “El Pit” y Luis Ernesto Ramírez Vázquez “El Güero Camarón”, que a los pocos días de sus detenciones se acogieron al programa de testigos protegidos, son procesados penalmente en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tijuana, dentro de la causa penal 116/2014. Ahí se les dictó auto de formal prisión el 22 de agosto de 2014 por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Armada y Fuerza Aérea, además de portación de arma de fuego sin licencia y posesión de cartuchos de uso exclusivo para la milicia. El auto de bien presos fue confirmado en segunda instancia el 9 de marzo de 2015 por el Sexto Tribunal Unitario.

En contra de los presuntos criminales operaron las declaraciones vertidas por diversos operadores y gatilleros del CAF que obran en averiguaciones previas de los años 2003, 2005 y 2008, entre otras, incluidas las que ellos mismos rindieron en más de una ocasión ante el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Las declaraciones de los conocidos sicarios Marcos Arturo Quiñónez Sánchez, que también se hace llamar José Antonio Mendoza Torres “El Pato” o “Tony”; Edgar Adrián Gutiérrez Elenes “El Cachorro” y Gilberto Higuera Guerrero “El Gilillo”, en las indagatorias 192/2003, 153/2005 y 166/2008, fueron tomados en cuenta. Al igual que las declaraciones de otros esbirros de los Arellano Félix, señalados en las averiguaciones previas 217/2008, 282/2008 y 381/2008, que dieron origen a la diversa 480/2013, con la que fueron consignados los quejosos.

Con los documentos referidos, la fiscalía del caso y los juzgadores de primera y segunda instancia federales que han conocido el expediente, estiman que “se pone en claro, la existencia de la organización delictiva denominada cártel de los hermanos ‘Arellano Félix’, ya que los referidos inculpados pusieron en relieve las conductas que cada uno desarrolló al ser miembros de la citada organización delictiva, puntualizando que, entre otros fines de la organización, se encargaban de llevar marihuana de México al vecino país de los Estados Unidos de Norteamérica”.

También se anexan las copias certificadas de la sentencia definitiva ejecutoriada, dictada el 29 de enero de 2010 por el magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en el Estado de México, toca penal 149/2009, que se instruyó a otros miembros del CAF por el delito de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de tráfico. Con ello se acreditó la existencia de dicha organización criminal, al menos en el periodo comprendido de 1992 a 2008, por lo que se tiene como una verdad legal.

La vinculación de “El Pit” y “El Güero Camarón” a la organización delictiva, integrada por más de tres personas, de manera permanente o reiterada, que unidas entre sí o a otras, y que tenía como fin cometer algunos delitos a los que se refiere la Ley especial -quedó patente-, aseguran autoridades judiciales a partir de sus propias declaraciones ministeriales, en las que reconocieron ser miembros activos de diversas células del CAF.

El defensor de oficio que patrocina a los imputados interpuso un juicio de garantías el 26 de agosto de 2016 en contra del fallo que mantiene a los arellanistas en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz. El Quinto Tribunal Unitario en Baja California lo admitió con el número 20/2016 y su acumulado 21/2016. Los actos reclamados son los siguientes:

Al Sexto Tribunal Unitario se le reclama la aplicación del Artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y, como consecuencia, la ejecutoria de 3 de agosto de 2016, dictada en el toca penal de apelación 200/2016.
Del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, se reclama la ejecución del acto reclamado, pues continúa la causa penal por la modalidad de delitos precisada por el Sexto Tribunal Unitario, y en ese contexto le dictará sentencia.
De las Cámaras de Diputados y de Senadores, se reclama como acto la discusión, la deliberación y en su momento la aprobación del referido Artículo 41 de la LFDO.
Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se le reclama el haber refrendado el citado decreto, su expedición y ordenar su publicación, sin advertir o bien por consentir la inconstitucionalidad del Artículo 41 de la LFDO, “pues a todas luces es contrario al derecho humano de legalidad y debido proceso, prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de que podía vetar el decreto en mención, para que fuera modificado el artículo en cuestión”.
Al secretario de Gobernación se le reclama el haber convalidado los actos realizados por el Ejecutivo de la Unión, así como su firma para efectuar los trámites para ordenar su publicación, sin advertirle al Presidente de la Republica la inconstitucionalidad del Artículo 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El 15 de diciembre de 2016, el magistrado del Quinto Tribunal Unitario, negó el amparo a los quejosos. Inconforme con la resolución, el defensor de oficio interpuso el recurso de revisión 59/2017, por el que ahora los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con sede en Mexicali, se declaran incompetentes a favor de la SCJN.

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