LOS "CHIQUINARCOS del CJNG", la NUEVA ERA de SICARIOS EN LA MIRA DEL CÁRTEL DE SINALOA

Jóvenes de secundaria y preparatoria que habían sido reclutados por el grupo delictivo ahora están en la mira. “Están arrasando con la nueva era de sicarios, la nueva era de distribuidores y la nueva era de halcones”, explicó un elemento de inteligencia a ZETA. La balacera en Playa Palmilla, suscitada el domingo 6 de agosto, es un ejemplo de la nueva guerra.

“La situación de las drogas es lo que está sacando de control y que crea todos estos conflictos, tanto en La Paz, como en Cabo San Lucas y San José del Cabo; yo veo a diario la venta de drogas al menudeo, tanto en la marina, en las playas, en el centro, y las autoridades también tienen identificados exactamente quiénes son, y lo permiten”, denunció Walter Widmer, prestador de servicios turísticos de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos.

Esa es la realidad que ha tratado de ocultar el alcalde Arturo de la Rosa Escalante con la inversión de millones de pesos de recursos públicos para justificar el trabajo en materia de seguridad, aun cuando por lo menos veinte policías fueron señalados recientemente por posibles nexos con el crimen organizado.

Todo parece indicar que se ha detectado una red de jóvenes sicarios operando para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o Tijuana Nueva Generación (CTNG).

En la edición número 2244 de ZETA, en el reportaje titulado “Los sicarios de ‘El Colores’”, se informó de la pandilla que estaba reclutando el CJNG o CTNG.

Los sicarios, halcones y distribuidores, según investigaciones, eran entrenados por Carlos Ignacio Vázquez “El Barbas” o “El Caloso”, ejecutado a finales de marzo en un tiroteo en el corredor turístico de San José del Cabo-Cabo San Lucas, frente al Hotel Grand Mayan Los Cabos.

En el resultó lesionada Carol “N”, de 60 años de edad y es originaria de Pennsylvania, Estados Unidos; una bala perdida se le incrustó en una pierna, y, afortunadamente, el gobierno de Baja California Sur apoyó en su atención médica y traslado al lugar de origen, aminorando el lamentable suceso.

Entonces, fuerzas de inteligencia revelaron a ZETA que “los trabajos de estos jóvenes sicarios principalmente van dirigidos a levantar gente y entregarla para ganarse un lugar cercano y de confianza con el jefe, tienen que romperse la madre, para que vean que tiene huevos, eso manifestaron”.

Edwin Alberto López Rojas, presuntamente líder de una red de jóvenes narcos en Los Cabos, ejecutado en el Zacatal de San José del Cabo.

Según los agentes de inteligencia, a ese grupo le llaman “la nueva era de sicarios”, incluso agentes ministeriales informaron que “tienen una banda delictiva, la cual se ha dado a conocer como ‘El Arco’, suponemos y así es como lo consideramos, son gente de ‘El Pecheras’, presunto sucesor de ‘El Babay’ en Cabo San Lucas”.

De acuerdo con la versión de algunos distribuidores de narcóticos detenidos, la mayoría de los sicarios, narcomenudistas y halcones, fueron reclutados en colonias de San José del Cabo, en barrios de alta incidencia delictiva, algunos incluso han denominado el reclutamiento de pandillas para trabajar en las líneas criminales y alcanzar una mayor extensión de clientes potenciales, ávidos de sobresalir, y por ende, con mayor fuerza criminal.

Además, según las indagatorias, jóvenes entre los 15 y 23 años de edad son enlistados en nóminas del crimen, donde alcanzan pagos de entre 2 mil 500 y 7 mil 500 pesos.

“Es sabido que los están adiestrando, pero puro morro que están agarrando en las colonias, en un intento por demostrar poder están evidenciando falta de recursos y de estructura. Todos los pistoleros recién llegados tienen al mando pequeñas células de jovencitos sin experiencia, y son los que están entrándole”, confirmó una fuente de inteligencia militar.

En su arranque, el Ayuntamiento de Los Cabos reconoció que había graves problemas y tendrían que ser resueltos, pero hoy el reflejo es: “… Al menos el 4 por ciento de los hogares con población menor a los 18 años, presentó alguna carencia alimentaria, lo que impacta a su vez en los índices de desempeño y aprovechamiento escolar de miles de cabeños, forzando a muchos de estos niños y jóvenes a trabajar, poniendo en riesgo su integridad, así como elevando los índices de deserción escolar y explotación infantil, problemática que se ha incrementado en los últimos años”, se informó en el análisis que hiciera la actual administración, plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

La falta de atención y cumplimiento de sus compromisos de campaña por parte de Arturo de la Rosa ha llevado a la descomposición social, pues según los registros, la falta de vivienda, empleos y oportunidades para Los Cabos, “ha obligado a que jovencitos (por no decir adolescentes, o en el peor de los casos niños) hayan decidido tomar el mal camino de las drogas, de vender estas cosas para conseguir dinero fácil para solventar las carencias en casa. Vemos que gran parte de los jóvenes involucrados, hoy muertos, tenían serios problemas en casa, económicos, de convivencia y demás”, expuso un experto en criminología consultado por ZETA.

De más de 300 mil habitantes en Los Cabos, hasta 2015 existían más de 22 mil 535 hogares donde el jefe de familia es la mujer, es decir, madres solteras, multiplicándolo por el promedio de ocupantes por familia, que es de 3.6 integrantes, resulta una cantidad de más de 81 mil 100 habitantes en riesgo de caer en manos del crimen organizado por necesidad.

Tomando en cuenta la justificación de las autoridades para afirmar que “la delincuencia organizada inicia desde el ambiente familiar, en el tejido social”, hay puntos que las autoridades no mencionan o no reconocen:

* En Los Cabos existen más de 55 mil 774 personas de 15 años o más con su educación básica incompleta, es decir, no terminaron la preparatoria, secundaria o primaria.

* Más de mil 500 cabeños, de entre 6 y 14 años, no va a la escuela, siendo uno de los principales lugares donde se educa y capacita para laborar.

* Más de 5 mil habitantes son analfabetas.

Jóvenes narcos en la mira

“Buscan en lo que entendemos, la eliminación de toda una generación de nuevos narcos en las líneas del crimen organizado. Están arrasando con la nueva era de sicarios, la nueva era de distribuidores y la nueva era de halcones”, especificó el efectivo de inteligencia.

La guerra que ha sido utilizada como estrategia, revelan cuerpos de investigación, es la desintegración de las nuevas células criminales que operan para los brazos armados de primer nivel para células de CJNG y de Los Dámaso para el Cártel de Sinaloa.

La tarde del domingo 6 de agosto, una masacre se registró en la turística y concurrida Playa Palmilla, la cual cuenta con distintivo Blue Flag. Allí una familia que se encontraba disfrutando del lugar, fue agredida a balazos.

Cerca de las dos de la tarde, de una camioneta Kia de color azul y sin placas de circulación, descendieron al menos tres sicarios con pistolas y armas largas, los cuales según los datos recabados, iban por Yoshio Eduardo “N”, de 17 años, y presunto integrante de una red de candidatos distribuidores de estupefacientes y halcones, la cual era comandada por Edwin Alberto López Rojas, privado de la vida la tarde-noche del 5 de agosto.

“Los sicarios se bajan y dispararon en contra no solo del joven, agarraron parejo contra todos los que estaban, eran cinco y un bebé”, indicó el agente de investigación ministerial.
Lo peor del suceso es que a esa hora la playa se encontraba llena de turistas que disfrutaban de la zona. “Cómo es posible que ni a la playa podamos salir, en ese momento sentimos un miedo tremendo y ni qué decirles a los niños de lo que estaba ocurriendo en ese momento, solo decirles que jugábamos a las escondidas”, expresó un testigo del cuádruple homicidio.

Jóvenes narcos, “Chiquinarcos” o sinónimos de menores de edad en la droga, atrae hombres y mujeres desde los 14 a los 23 años para operar en una red de distribución en Los Cabos.

En el lugar quedaron sin vida Francisco Sedano Bahena, de 26 años, de ocupación carnicero, con domicilio en la colonia El Zacatal; el joven de 17 años, otra persona del sexo masculino que permanece en calidad de desconocido.

Además, resultaron lesionadas dos personas, una del sexo masculino y una femenina, la cual a la llegada de paramédicos localizaron entre sus brazos un bebé de año y medio. Ella murió 24 horas después del ataque.

Anterior a este homicidio, en un fin de semana sangriento para Los Cabos, con un total de 10 muertos, quedó registrada la muerte de Edwin López Rojas, presunto líder de una red de jóvenes narcos, quienes se autodenominan “Chiquinarcos”. Confome a las indagatorias por parte de las fuerzas del orden, el occiso “se encontraba reclutando jóvenes de secundaria y preparatoria que quisieran trabajar en la mafia, pero así como lo detectamos nosotros, la delincuencia organizada lo detectó y se encargaba de eliminar a los candidatos a integrar la líneas criminales”, expresó la fuente militar.

Lo cierto es que en el teléfono celular de Edwin Rojas se localizaron grupos y conversaciones en WhatsApp que dan cuenta de los posibles candidatos y amistades involucradas, por lo que las autoridades consideran “de mayor relevancia que nos dieran mayores datos de la red, a que el grupo rival los encuentre y pase lo que hemos visto recientemente”.

De acuerdo con los datos recabados, tras el especulado debilitamiento de la célula de Los Dámaso a nivel nacional, una nueva guerra ha sido desatada. Información de las fuerzas federales, refiere que la “tregua” que se habría planteado entre las células criminales fue rechazada, de ahí los ajustes de cuentas entre grupos rivales.

“Este ataque y los últimos -por lo menos los recientes- fueron dirigidos por la célula conocida de Los Colores, sicarios al servicio de Sinaloa, los cuales pese al evidente debilitamiento por la detención de Dámaso López Serrano ‘El Mini Lic’, se pusieron en el juego por la plaza de Los Cabos”, informó el agente de la Policía Ministerial.

Los blancos se han dispersado tanto para el Cártel de Sinaloa, como CJNG. Y es que las autoridades buscan de nueva cuenta a los integrantes del primero, con operaciones para Los Javieres o Los Acosta, a través de la célula de “El Colores”. Sin embargo, fuentes de inteligencia confirmaron que la operación violenta también viene del CJNG o CTNG.

Entre los días 23 y 28 de julio, la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), localizó seis cuerpos semienterrados y calcinados en un predio a dos kilómetros de la Carretera Transpeninsular, a la altura del Kilómetro 17.5 de San José del Cabo a La Paz.

En el mismo predio se encontraba Luis Humberto Sánchez Heredia, de 27 años, originario de San Diego, California, quien se dedicaba a la “venta al menudeo de droga en los antros de la zona de Cabo San Lucas, era un chapulín que operaba en la zona y fue levantado”, detalló el agente ministerial.

Hombres y mujeres de entre 14 y 23 años han sido vinculados en la venta y distribución de droga, “se hacen llamar la nueva era de narcos y se creen bien vergas, pero la verdad es que se exponen demasiado por darse a conocer en el bajo mundo, o hasta para impresionar a los demás”, refirió el agente policial.

Como semilleros criminales han sido focalizados planteles de San José del Cabo como la
Escuela Secundaria Técnica 14, de la colonia San José Viejo; Escuela Secundaria Técnica 34, de la colonia Santa Rosa; el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) 04, también de Colonia Santa Rosa; y el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) 31, de la Puerto Nuevo.

De estos planteles han sido identificados los jóvenes que recientemente han sido atacados, además, la red criminal juvenil coincide en las investigaciones en curso. Hay una larga lista de jóvenes presuntamente vinculados y algunos ya en operaciones “bajo investigación de los tres órdenes de gobierno”, cerró el ministerial.

Por otro lado, el Gobierno del Estado de Baja California Sur emitió un comunicado en el que reconoce el actuar de los jóvenes y las medidas a implementar, temas tratados en el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública que encabeza Carlos Mendoza Davis, gobernador de Sudcalifornia.

“Se acordó reajustar el despliegue de fuerzas policiacas en Baja California Sur, específicamente en el municipio de Los Cabos, a fin de atender nuevos patrones delincuenciales que se han venido presentando en esa zona luego de la desarticulación de cabecillas y grupos dedicados al narcomenudeo”.

Destacaron que en todos los hechos delictivos se vieron involucrados vehículos sin placas y con vidrios polarizados, por lo que las autoridades acordaron intensificar los operativos. Por último, se advirtió que en los recientes hechos participaron menores de edad, por lo que se acordó intensificar los programas públicos, como “Vivir en Paz”, a fin de ofrecer espacios de desarrollo personal y laboral para los jóvenes, al tiempo que se instruyó a la Secretaría General de Gobierno a privilegiar la parte preventiva del combate a la delincuencia”.


Policías neutralizados

En las recientes ediciones de ZETA se ha evidenciado la complicidad que han mantenido las fuerzas de la Policía Municipal de Los Cabos con células criminales, incluso con el ex presunto líder de plaza de Cabo San Lucas, Abraham Cervantes Escareaga “El Babay”, tenía fuertes lazos con servidores públicos del municipio.

“El Babay” fue capturado la madrugada del 19 de junio en Cabo San Lucas, aunque autoridades afirmaron que se le detuvo en las calles del centro de esa localidad; datos extraoficiales confirman que la detención se dio en su domicilio, en el exclusivo fraccionamiento Pedregal.

Balacera en Playa Palmilla dejó 5 muertos; tres murieron en el lugar de los hechos y dos más murieron en el centro médico de San José del Cabo, según información actualizada al 10 de agosto

Trascendió que apenas iniciaba la semana y oficiales y mandos de la Policía Municipal de Los Cabos habrían sido despojados de sus teléfonos celulares y desarmados, presuntamente por encontrarse vinculados a células delictivas, tanto de Sinaloa como de Jalisco. De acuerdo con los informes, “los celulares fueron asegurados para investigación, saber quiénes y con quién estamos tratando, además, acabar con la corrupción en la corporación”, dieron a conocer efectivos militares.

Por otro lado, la sociedad aplaude que se tomen medidas para erradicar la corrupción que se ha evidenciado en este Semanario, pues las autoridades son omisas, ni siquiera brindan entrevistas y ejecutan toda acción en la opacidad.

“Los oficiales no deben contar con celulares para que cumplan con su tarea. Si traen teléfonos, deben estar monitoreados por el patrón, en este caso el Ayuntamiento, para tener el monitoreo de a quién llaman o quién les llama o manda mensajes, para evitar que avisen a células delictivas”, aplaudió Fabricio González, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Veinte agentes, entre mandos y policías, fueron privados de sus equipos de telefonía, “sin embargo, con el afán de evitar que el contenido de los teléfonos sea evidenciado, el personal pretende realizar huelgas. La cuestión es que si no deben nada, por qué están tan temerosos, yo digo que debemos ponernos a trabajar y bien, para quien nos debemos”, expuso un agente municipal adscrito al Mando Mixto.

Lo peor es que inteligencia militar detectó que “algunos mandos compartían información con la mafia”, lo que hace pensar que hay colusión y permiten la impunidad, cuestión que hoy tiene hundida a la comunidad cabeña.

Según datos obtenidos por ZETA, algunos de los policías a los que les fueron retirados los celulares y que están bajo investigación por posible colusión con el crimen, son:

* Cota Cota Marcelo// 12 – Confianza// 178-Policia Segundo // 12/01/2001.

* Segura Almíkar José// 12 Confianza// 177 Policía Tercero// 1/18/2006.

* Leyva Valenzuela Jesús//12 Confianza//178-Policia Segundo//6/1/2003.

* Domínguez Alvarado Aníbal Isabel//12 Confianza//188-Policia//7/16/2003.

* Un oficial identificado como Borbón

* El equipo del Teniente Efraín.

Policías Municipales de Los Cabos, ingresaban a escenas del crimen para filtrar fotografias a bandas criminales

Aunque los agentes intentaron realizar una denuncia para evitar que se sepa el contenido de sus celulares, el Ministerio Público negó dicha denuncia, informaron a este Semanario, pero como se ha venido haciendo la mala integración de las investigaciones, este caso no fue la excepción.

“No van a poder realizar una investigación utilizando los datos, en caso de que hayan encontrado algo en los celulares. Aun encontrando evidencias de conexión con grupos criminales, lo único que pueden hacer es informar a sus superiores, las cuales también van a estar impedidas, y mucho menos actuar laboralmente para un despido, porque no se hizo debidamente el procedimiento, fue arbitrario o fuera de Ley”, dijo el agente ministerial.

Lo lamentable de este procedimiento no es solo el actuar de los policías corruptos, sino que las autoridades de nueva cuenta no realizaron el procedimiento como lo marcan los procesos, jurídicamente no hay mucho por hacer, sería como burlarse de los agentes y en consecuencia que la autoridad federal, de nueva cuenta sea exhibida como “una mala organizadora de evidencia, y, por ende, una liberación de los cargos a los agentes involucrados, por la incapacidad de sancionarlos”, lo que a final de cuentas lleva de nuevo a la falta de capacitación.

Ya quedó claro con el caso de “El Babay” que la mala integración de un caso puede eximir de culpabilidad de un delito, sin embargo, autoridades federales tuvieron que emplear un plan B para retener y trasladar al sospechoso ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Ciudad de México.

“Esto que estamos viendo en las ejecuciones, es producto de la falta de prevención en la violencia y la delincuencia, de haber dejado o hacer caso omiso a las alertas que se hicieron hace años. Alrededor de tres o cuatro meses que ha estado la Policía Federal con la Gendarmería en nuestro Estado, después de dos y tres meses no vemos temas de inteligencia que permitan desarticular estas células”, alzó la voz el titular de Coparmex en Baja California Sur.

Es claro cómo autoridades federales han dejado a las locales a su suerte, pues han sido detenidas células delictivas y se ha solicitado la intervención de la SEIDO, sin embargo, “nos dejan o nos toman con poca importancia, a lo cual dichas bandas siguen operando o se acaba la competencia estatal, y es cuando vienen los problemas”, declaró un agente ministerial.
Las labores de inteligencia fueron cantadas por la Federación como vitales para erradicar a la delincuencia organizada, además de tener la competencia para investigar los hechos; ante la llegada de más de mil 600 elementos federales, principalmente a La Paz y Los Cabos, dicha labor de inteligencia ha quedado a deber.

“Vemos que en el caso del Gobierno Federal, tal vez esté haciendo falta más labor en materia de inteligencia para combatir con una mayor precisión a estas bandas delincuenciales, si bien sus actos los realizan en lugares específicos, sus dominios, sus territorios de influencia, trascienden el ámbito local”, lamentó Rigoberto Mares Aguilar, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN). 

Sin tregua entre células

Respecto al suceso del domingo 6 de agosto, “estamos viendo cómo hoy estas personas sin miedo y escrúpulos, no solamente lo hacen en playas públicas como ya vimos en Los Cabos, sino que hemos visto que se han metido a las casas de las personas, al lugar más privado de una familia a ejecutar personas”, lanzó Fabricio González, de la Coparmex.

Varias bajas ha sufrido una red de “Chiquinarcos” en Los Cabos, la mayoría entre los 14 y 23 años

Y es que la guerra entre las células criminales tanto de Sinaloa, como de Jalisco en dos frentes, ha desencadenado una serie de enfrentamientos y respuesta al fuego entre grupos delictivos. La principal razón es “una gran cantidad de jovencitos sedientos por trabajar en las líneas criminales, basta con venderles la imagen de los narcos a gran escala y solitos se arriman”, afirmó un agente municipal con labores en el Mando Mixto de Los Cabos.

Muchos jóvenes se encuentran en malos pasos, y esto ha sido recabado en las opiniones de los pobladores de colonias de San José del Cabo, quienes aceptan que la descomposición y la falta de atención en casa, ha llevado a delinquir.

“Actos lamentables que nos quitan la tranquilidad a quienes habitamos en esta media península. Vemos en lugares turísticos, en otros lados como en Acapulco, Guerrero; en Cancún, Quintana Roo, están viviendo; no queremos que en Baja California Sur lleguemos a esos niveles, en ese sentido vemos que hay una enorme responsabilidad de las áreas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, particularmente del Gobierno Federal, que efectivamente se ha planteado el incremento de las fuerzas federales; con lo que sucede, deja claro que hace falta más para poder contener esta situación”, declaró el panista Mares Aguilar.

Pero los aumentos en hechos delincuenciales se debe principalmente a que estalló el conflicto entre células criminales que se disputan Los Cabos.

“Intentaron llevar una tregua entre ambos bandos (Sinaloa-Jalisco), pero la respuesta fue negativa por parte de Jalisco, el interés de este cártel principalmente se centra en tomar el control absoluto, así se ha venido dando en todo el país. Hay más intereses que simplemente Los Cabos y los servidores públicos lo saben, si esto no es así, por qué llegaban fuertes cargamentos directamente al puerto de Cabo San Lucas: porque hay un fuerte ingreso de armas a la zona sur, por qué no caen, no solo de Jalisco, sino de los dos bandos”, cuestionó el experto en criminología consultado por este Semanario.

Aunque autoridades se mostraron confiadas en que los homicidios disminuirían ante la caída de “El Mini Lic” en Estados Unidos, lo cierto es que la célula de Los Dámaso en Baja California Sur buscó hasta cierta medida operar de manera distinta y cerrar líneas en “paz”, al ser rechazada la tregua, autoridades ven el incremento de hechos sangrientos, aunque se ha identificado a diferentes operadores para ambos bandos, incluidos policías.

“Los reportes de inteligencia militar indican cuáles son los vehículos, los operadores principales, al menos así lo han hecho sentir, pero a la hora de los hechos es evidente que, o hay complicidad, o de plano hay total desconocimiento de los movimientos criminales del Estado”, finalizó el policía ministerial abordado.

Policías sin operación contra el crimen

La red de jóvenes narcos descubierta no es algo nuevo, los encargados de investigar la delincuencia organizada han dejado crecer el fenómeno social y solo actúan cuando perjudica a la institución.

Un caso reciente se dio en una vivienda del fraccionamiento Villas del Cortez en San José del Cabo, donde marinos tundieron con toda la fuerza tras registrarse el homicidio de un efectivo en el operativo.

Cuando entraron armados a un picadero que todos conocían, la mayoría dentro eran adictos, y cegados por el coraje, los efectivos de la Secretaría de Marina abrieron fuego y se abrieron paso con las armas hasta dejar a todas las almas sin vida. “¿Por qué esa fuerza no se utiliza para acabar con los criminales fuertes? Muy simple, no hay disposición para la atención al problema que tiene Baja California Sur”, planteó un policía ministerial.

Para la Federación ya es un tema generalizado, imposible erradicar en la recta final del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto; dejando muy claro el mensaje de poca acción de prevención y apoyo de seguridad en los estados; decenas de unidades de la Policía Federal son vistas constantemente en el Hotel SAR, sitio donde se hospedan.

“Son chingaderas que ahí se la lleven estos señores, tanto que anunciaron la llegada de fuerzas federales y para nada, ahí los tienen guardados, en las calles queremos recorridos y que verdaderamente desquiten el sueldo y no vengan al estado a descansar”, demandó Alberto González Mancilla, ciudadano que caminaba por el centro de La Paz.

Los Cabos es sin duda el principal sitio del enfrentamiento de los cárteles de la droga, también es evidente que criminales se movilizan hasta por 10 kilómetros o más dentro de las comunidades, con gente levantada o privada de la libertad, sin que cuerpos policiales puedan detectar la operación, lo que evidencia que los recorridos son inexistentes, y por si fuera poco, las labores de inteligencia nulas.

“En un recorrido que haces en Los Cabos, puedes entrar a colonias como Vista Hermosa, Zacatal, Puerto Nuevo, no ves un solo policía, ¿y los operativos federales que eran para proteger la zona?, ¿dónde quedaron los oficiales que deberían resguardar la zona turística a la hora de la balacera en Playa Palmilla? Todo es una falacia y nos la estamos creyendo, sin duda la violencia prevalece en Los Cabos, aunque el alcalde lo niegue”, finalizó el criminólogo consultado por ZETA.

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