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Operativos antinarcóticos en Latinoamérica han puesto al descubierto vínculos entre el CJNG y grupos delictivos de Ecuador

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Operativos antinarcóticos en Latinoamérica han puesto al descubierto vínculos entre el CJNG y grupos delictivos de Ecuador, quienes le suministran de grandes volúmenes de cocaína vía área y marítima.

Los golpes recientes que han asestado gobiernos latinoamericanos a las estructuras criminales de sus países, han puesto al descubierto la existencia de vínculos activos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con grupos delictivos asentados en Ecuador.

Al menos un par de operaciones antinarcóticos efectuadas en el Sur del continente, han develado a las tierras ecuatorianas y su delincuencia organizada, como una escala importante para el suministro masivo de cocaína al CJNG.

Este flujo de cocaína desde Ecuador hacia el CJNG se está desarrollando, de acuerdo con lo que han reportado los gobiernos de esas latitudes, tanto por vía área con destino directo a Guadalajara –y por tanto, a su Aeropuerto Internacional-, como marítima, por las aguas del Pacífico.

El hecho más reciente fue el del 1 de marzo pasado, cuando se anunció la detención de una importante célula delictiva que operaba desde la frontera de Ecuador y Colombia, y que enviaba un estimado de ocho toneladas de cocaína, cada mes, para el CJNG y el Cártel de Sinaloa, por mar.

“La mayoría de la tripulación de estas embarcaciones, de nacionalidad ecuatoriana, eran acompañados de humildes habitantes de la zona con algunos conocimientos empíricos en lidiar con el mar, muchos de los cuales han perdido la vida al enfrentar las furiosas aguas del Pacífico”, informó en aquella ocasión el Gobierno de Colombia.

Pero ya antes, el 28 de marzo de 2016, la Policía Antinarcóticos de Ecuador había detectado un cargamento de 300 bloques de cocaína oculto en un tomógrafo, que pretendía volar desde el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, en ese país, directamente a la metrópoli de Guadalajara, en el estado bastión del CJNG.

Capos trasnacionales

La organización delictiva que fue desarticulada en marzo pasado, asentada en la frontera de Ecuador y Colombia, tenía un enlace directo con Nemesio Oseguera “El Mencho”, el líder del CJNG, según lo aseguró entonces el gobierno colombiano.

Fueron 12 los detenidos en ese operativo donde participaron tanto instituciones colombianas -la Armada, Policía y Fiscalía General de la Nación-, como estadounidenses -la Administración para el Control de Drogas (DEA)-, dos de ellos eran los cabecillas de esa célula que colaboraba con los cárteles mexicanos.

“Se trata del extraditable Onofre Junior Aguiño Arboleda, conocido con el alias de ‘El Ciego’ y Luis Andrés Jilón Romo, ‘Carlos’ o ‘El Compadre’, principal enlace con Ismael Zambada García, ‘El Mayo Zambada’, del Cártel de Sinaloa, y Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, del CJNG”.

Entre 2014 y 2017 se le incautaron a ese grupo delictivo 160 toneladas de cocaína, lo que muestra la capacidad de trasiego que había desarrollado.

“(Se) capturaron a 97 de sus integrantes, entre ellos 87 extranjeros, especialmente guatemaltecos y ecuatorianos.

“Desde las selvas de Nariño y la frontera con Ecuador, una organización del crimen transnacional venía monopolizando la compra de base de coca y el procesamiento y distribución de cocaína para los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, a los cuales abastecía hasta con ocho toneladas de droga mensualmente”, fue descrita.

Puentes aéreos

En el otro caso de los 300 bloques de cocaína que estuvieron a punto de partir del aeropuerto de Guayaquil, en Ecuador, al de Guadalajara, Jalisco, colocados en un tomógrafo, las instituciones de salud del estado se deslindaron del aparato, como la Secretaría de Salud y el Hospital Civil, y también las federales, como el IMSS y el ISSSTE (“La Operación Guayaquil”, 13 de junio de 2017).

Sin embargo, aquel operativo demostraba el uso de puentes aéreos entre Ecuador y Guadalajara para el envío de grandes volúmenes de cocaína, una droga que se encuentra en el portafolio que explota el CJNG, como lo ha señalado la DEA.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) le confirmó a Reporte Indigo, en el recurso RRA 4660/16, que ese tomógrafo, de no haberse descubierto en Guayaquil, habría arribado a México de forma ilegal, pues no había emitido ningún permiso para su importación.

“Ninguna persona física o moral inició el trámite de permiso de importación del Dispositivo Médico conocido como Tomógrafo ante esta Cofepris”, dijo Maribel Bernal Saldívar, directora ejecutiva de Autorizaciones de Comercio Internacional y Publicidad, en el oficio CAS/2/UR/10412/2016, obtenido el 5 de enero de 2017.

Silencios diplomáticos

No obstante, a pesar de estos antecedentes que han evidenciado a los grupos delictivos de Ecuador como fuente del suministro de cocaína para el CJNG, las autoridades mexicanas no han mostrado mayor interés por romper, o entorpecer al menos, ese vínculo internacional.

Por ejemplo, y según reportes obtenidos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y su Subsecretaría para América Latina y El Caribe, el caso del tomógrafo no suscitó ningún tipo de comunicación, ni mucho menos de colaboración, entre los gobiernos de México y Ecuador.

“Es preciso señalar que no existe información alguna de que autoridad mexicana o Ministerio Público se hubiera dirigido a esta SRE para solicitar sus buenos oficios, con la finalidad de requerir al gobierno de Ecuador información sobre este tema”.

NI la SRE ni la autoridad ecuatoriana buscaron dicha comunicación, dijo la Subsecretaría.
“Esta SRE y el Gobierno ecuatoriano no sostuvieron comunicación alguna sobre este tema. Se instruyó además a la Embajada de México en Ecuador revisar sus archivos a lo que esa Misión Diplomática señaló que luego de verificarlos, tampoco encontró documentación alguna al respecto.

“No se recibieron comunicaciones al respecto de parte del Gobierno de Ecuador, por lo que se confirma la inexistencia de documentación relativa, en los archivos de esta SRE y en la Embajada de México en Ecuador”, según un oficio fechado el 21 de septiembre de 2016, obtenido con el recurso RRA 0451/16.
La respuesta de la SRE confirma lo que habían indicado tanto la Procuraduría General de la República como la Fiscalía de Jalisco, en el sentido de que nunca emprendieron una indagatoria oficial al respecto.




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