Policías de Coahuila ingresaron por la fuerza a su casa, lo torturaron frente a su esposa e hijos y lo desaparecieron

Víctor Manuel Guajardo Rivas fue desaparecido en Piedras Negras Coahuila, por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), hoy Fuerza Coahuila, presuntamente por pertenecer al grupo delictivo de los zetas, ha denunciado Idheas. 

María Hortensia Rivas Rodríguez madre de Víctor afirmó que “sin ninguna orden de aprehensión o presentación el grupo de policías ingresó por la fuerza a su casa, lo torturó en presencia de su esposa Midiam Iricelda Valdez Cantú e hijos, y se lo llevó en la madrugada a bordo de una camioneta con el logotipo del grupo policiaco pero sin placas”.

Desde el 2013 a la fecha el caso de desaparición de Víctor Manuel Guajardo no ha tenido ninguna investigación ni avance a pesar que a la PGR se le señaló de forma directa al grupo de agresores pertenecientes al GATE. La denuncia fue levantada como acta circunstanciada 54/2013.

Por lo que María Hortensia decidió emprender una búsqueda completamente sola ante la falta de autoridad para realizar la investigación: “En el 2013, en mi desesperación por encontrar a mi hijo Víctor yo sola me salía por las noches y las madrugadas enteras a buscarlo, sin rumbo definido.  

Manejaba por las carreteras solas y obscuras y me metía hasta por las brechas  porque se sabía que allí han dejado muchos cuerpos o que allí mismo torturan a muchos hombres hasta matarlos. Sé que en esa oscuridad se mueve la delincuencia organizada y que son sus territorios de noche, que ni una patrulla atraviesa por allí. Sabía desde entonces lo peligroso que es pero no me importa porque tengo que encontrarlo. Ahora tengo más precauciones pero si tengo que volver hacerlo, lo haré”.

“Creado desde el 2009 por el ex gobernador Humberto Moreira, la agrupación policiaca (GATE) comenzó a realizar operativos, sin estar contemplada en la ley orgánica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Coahuila. Durante cinco años realizaron aprehensiones y consignaciones sin sustento legal y tampoco documentaron los nombres de los presuntos delincuentes en libretas de registro”, ha denunciado la misma organización.

Cabe señalar que el grupo táctico tiene diversas denuncias y está relacionado con al menos 60 de 150 desapariciones en los municipios de Piedras Negras y Cinco Manantiales, del 2013 al 2015.

En un informe realizado por la FIDH, entre los años 2009 y 2016 en Coahuila se cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de los que destacan, la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, “como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho Estado”.

El informe demuestra que en Coahuila no se está frente a una situación de violencia esporádica ni tampoco de violencia que se deba únicamente a los cárteles de la droga.  Así el documento identifica “la existencia de una política de parte de (una estructura) del estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil”. 

La información analizada lleva a los autores del informe a concluir que del 2009 al 2011/ 2012: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión. Y del 2011/ 2012 al 2016: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales.

Coahuila es hoy, a decir por la especialista en Derechos Humanos, Sol Guerrero, una de las entidades rojas del país, y hasta hace unos años se encontraba en bajo perfil, “se hablaba de Sinaloa, Durango, Chihuahua, el llamado Triángulo Dorado, porque era la zona donde corría y corre la droga, la violencia ahí es parte de lo cotidiano, pero en Coahuila como en todo el país también hay violencia y es cometida por las fuerzas del Estado, probablemente hay un tema de narco, pero entran y son quienes entran y se llevan a la gente, lo están haciendo grupos de élite del gobierno”.

A ello, suma, la desaparición forzada se usa como a sus dos hermanas (tortura y ejecución extrajudicial) como una estrategia para sembrar el terror en la sociedad. “primero el método provoca inseguridad, después miedo y pánico en los familiares cercanos de las personas desaparecidas, poco a poco está va penetrando todo el tejido social hasta por completo una comunidad se siente acechada y por ello o escapa, o se calla. Se vuelve ciega, temen a quienes deberían cuidarlos”.

Guerrero afirma, “es una verdad absoluta lo que dijo en su momento Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional (AI), ‘gobiernos de todo el mundo, desde Siria hasta México y desde Sri Lanka hasta Gambia podrían tener centenares de personas e incluso miles recluidas en secreto, a quienes nunca más se les verá.

O se les buscará en fosas clandestinas, entre la esperanza que estén vivos y la gran posibilidad que hayan sido ejecutados por las fuerzas del Estado. Ese es el caso de Coahuila, una entidad donde el gobierno implementó un grupo de orden para sembrar el terror. La entidad es un espejo de todo lo que el gobierno estatal y federal pueden lograr bajo la capa de impunidad que les otorga un poder concedido por un pueblo por medio de voto libre o el voto comprado pero jamás pensado. Es el PRI y es el PAN quienes han consentido y solapado las desapariciones forzadas”. 

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