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Reclutamiento forzoso: Los cárteles en busca de sicarios

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Recientemente se dio a conocer la existencia de una serie de campamentos en Jalisco en los que el CJNG entrenaba a personas que habían sido privadas de su libertad para convertirse en sicarios al servicio de esa organización criminal. 

Sin embargo, este modus operandi por parte de los carteles no es nuevo. Desde 2010 se dieron a conocer datos de que Los Zetas reclutaban migrantes centroamericanos en su paso por México hacia los Estados Unidos. 

También se registraron casos de autobuses secuestrados en Tamaulipas de los cuales bajaban a todos los hombres, de entre 20 y 30 años de edad, a los que les daban dos opciones: o se unían al cártel o ahí mismo, a la orilla de la carretera, los mataban y luego los enterraban en fosas clandestinas. Nadie denunciaba. 


Por miedo esto fue solo un rumor, algo que se contaba entre murmullos en los poblados de la frontera chica, hasta que sucedió la masacre de los 72 migrantes ocurrida en San Fernando y toda esa pesadilla salió a la luz.

Los contactaban por Facebook. Un anuncio subido a una cuenta falsa ofrecía trabajo como encuestadores, vigilantes privados, escoltas o policías municipales. El anuncio se esparció también por WhatsApp. 

No se sabe cuántas personas respondieron pidiendo más información, pero existen reportes de por lo menos seis individuos que acudieron a una cita de trabajo y sus familiares no los volvieron a ver durante poco más de un mes.

El anuncio prometía un salario de 3,000 pesos semanales luego de un curso de capacitación en el municipio de Tala, a una hora por carretera al suroeste de Guadalajara. Desde hace un tiempo, el gobierno de Jalisco ha impulsado ante la Secretaría de Turismo federal una propuesta para que Tala se convierta en el octavo pueblo mágico del estado. 

Ubicado en la región de Valles, es una zona cubierta por bosques con cabañas y comunidades de gente pobre que vive del turismo. También es una zona donde, de acuerdo con datos de la Fiscalía, han sido reportadas como desaparecidas más de 200 personas en los últimos años.

Una vez contactados los interesados, los citaban en la cabecera municipal de Tala, para luego trasladarlos en varias camionetas hasta una serie de campamentos alejados de las comunidades, entre las laderas de las montañas. Una vez dentro de estos campamentos, vigilados por hombres armados, les decían la verdad: la capacitación en el manejo de armas era para convertirse en sicarios al servicio del Cártel y no había posibilidad de decir no acepto.

Mientras estas personas eran privadas de su libertad, sus familiares se preocuparon porque ya no tuvieron más noticias de ellos. Entonces decidieron acudir a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia correspondiente. De acuerdo con el fiscal Eduardo Almaguer, entre el 6 y el 13 de junio se juntaron seis denuncias que presentaban características similares: todos habían acudido a una cita de trabajo en Tala luego de responder a la convocatoria de Facebook. Sin embargo, no se implementó ningún operativo de búsqueda hasta que, un mes después de su secuestro, una de las víctimas logró escapar por entre la espesura del bosque hasta llegar a una comunidad cercana donde pidió ayuda. Los pobladores dieron aviso a la policía estatal y la víctima fue trasladada a la Fiscalía para que rindiera sus primeras declaraciones.

Durante esos 30 días que estuvo recluido, el testigo narra que varios de los secuestrados fueron asesinados y sus cuerpos enterrados en fosas clandestinas dentro de una de las fincas en donde estaba el campamento.

Solo entonces elementos de la Fuerza única de Jalisco y de la Secretaría de la Defensa Nacional implementaron un operativo por aire y tierra. Al trasladarse al campamento, ya no encontraron a nadie. En el lugar había armas, cascos e instrumentos de entrenamiento, además de las rústicas casas de campaña que los propios secuestrados tuvieron que construir. En una fosa clandestina fueron localizados algunos restos óseos, los cuales están siendo analizados por autoridades estatales para determinar a cuántas personas corresponden y precisar, mediante pruebas de ADN, sus identidades.

Tras este operativo se realizaron otros dos, con apoyo de un helicóptero y más de 400 agentes estatales y militares. Fueron detenidos 17 presuntos integrantes del cártel que realizaban labores de vigilancia aunque, no se ha precisado si ellos, a su vez, fueron privados de su libertad y obligados también a trabajar para la organización criminal. La Fiscalía informó que las seis personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas con vida. Sus identidades, evidentemente, están bajo resguardo. Entre los detenidos destacan cuatro de los cabecillas de la célula. Se trata de Enrique N., encargado de descuartizar a las víctimas que no pasaban la prueba; José de Jesús N., quien las torturaba; y Ricardo N., junto con Francisco Javier N., quienes formaban parte del equipo de vigilancia para que los reclutados no escaparan. Se les acusa de delincuencia organizada, detención forzada de personas, homicidio y robo de combustible.

Este caso se suma a otros de reclutamiento forzado que ocurren en la parte sur y noreste del país, camino obligado para los migrantes centroamericanos que se dirigen hacia la frontera con Estados Unidos. De acuerdo con diversos reportes periodísticos, desde 2010 hay expedientes oficiales de migrantes secuestrados por grupos del crimen organizado que operan en esta región a los que, de acuerdo con varios testimonios, les ponen varias opciones: o pagan un rescate por su liberación (llaman a sus familiares ya sea en Estados Unidos o en sus países de origen para que depositen el dinero a una cuenta bancaria) o se integran a las filas del cártel. Muchos han optado por esta última opción ante la imposibilidad de pagar un rescate.

El diario El Heraldo de Honduras ha documentado, desde el país centroamericano, decenas de casos de deportados que cuentan el horror a su paso por México. Uno de esos testimonios asegura que Los Zetas le ofrecieron un salario de mil dólares mensuales a cambio de unirse a sus filas. Debía cometer secuestros, extorsiones y homicidios. De acuerdo con el sacerdote Alejandro Solalinde, uno de los activistas defensores de los derechos humanos de los migrantes, la organización fundada por Arturo Guzmán Decena llegó a realizar secuestros masivos para reclutamiento forzoso. Estimaciones de casas de migrantes en México recopiladas por El Heraldo aseguran que esta organización criminal, en su momento de mayor apogeo, llegó a quedarse hasta con el 10% de todos los indocumentados que pasaban por México.

Otro de los modus operandi es el secuestro de pasajeros de autobuses que circulan por las carreteras de Tamaulipas. El último de los casos del que los medios han dado cuenta ocurrió en septiembre de 2016, cuando cinco pasajeros de un autobús que había salido de Nuevo Laredo a Piedras Negras, Coahuila, fue interceptado por hombres armados. Los tipos subieron a la unidad, seleccionaron a cinco pasajeros –hombres de mediana edad- y se los llevaron en una camioneta hacia un paraje en medio del monte donde los despojaron de sus pertenencias y los abandonaron. En otros casos, sin embargo, la labor “de reclutaje” se da ahí mismo, junto al autobús, e incluso se han documentado casos de sicarios que han obligado a los pasajeros a asesinar a otros civiles si no quieren ser ellos los asesinados.

De acuerdo con Oscar Martínez, autor del libro Historia Violentas (Debate, 2016), los migrantes son presa fácil para el crimen en tanto que, como ciudadanos sin derechos, buscan pasar desapercibidos y cuando son víctimas de un delito, optan por no denunciar para no ser deportados.
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