La fiscalía de Jalisco busca a desaparecidos por el CJNG… ¡10 años después!

Una década tuvo que pasar para que el gobierno de Jalisco reconociera que necesita una fiscalía especial para investigar las desapariciones que se multiplicaron como un cáncer con metástasis en la médula de la sociedad local de arraigo conservador: la familia.

El gobernador Aristóteles Sandoval reconoció que el estado necesita una atención especial para esta crisis humanitaria entre el poderosocártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sus campos de entrenamiento forzado y las cifras crecientes de personas no localizadas que suman 2,653 reconocidas oficialmente desde 2006 más otras 4,000 que documentan activistas.

Durante años, las familias de desaparecidos de Jalisco se quedaron calladas. Luego se sumaron a una organización coordinada por Raúl Vera, el obispo del estado de Coahuila afamado por su boca suelta, hasta que tomaron vuelo por cuenta propia para formar sus colectivos y comenzaron a gritar por justicia sin tapujos.

En 2013, la población de Lagos de Moreno –uno de los municipios más afectados- salió por primera vez a las calles tras la desaparición y el hallazgo de los cuerpos de siete pobladores. Anteriormente habían sufrido en silencio, amenazados por las células del crimen organizado que se paseaba impunes por sus calles, pero una vez que salieron a la luz pública no han hecho otra cosa que pegar en paredes y parques las fotos de los que ya no están, organizar marchas y buscar en fosas.

“No vas a encontrar ni una ceniza. Lo quemamos en ácido”, dicen las madres que reciben como respuesta por parte de los mensajeros del crimen que ya no los intimidan.

En noviembre del año pasado salieron en una protesta como no había sucedido antes. Fue inédita. “Tenía muchos años que no salíamos así”, dijo a la prensa local Catalina Mireles, de 55 años, quien busca a su hija desde 2015.

El 2015 fue un año muy complicado en el estado por las rivalidades del CJNG con los Zetas. De acuerdo con la organización “Por Amor a Ellxs”cada día se desaparecieron a alrededor de siete personas que aún no reconoce el gobierno estatal pero a través de diversas solicitudes de transparencia documentó 4,000.

Este año el fiscal general Eduardo Almaguer reveló que el CJNG construyó en el municipio de Tala dos campamentos en los que privó de la libertad a por lo menos 30 personas que buscaban empleo y otros de manera forzada para diversos trabajos de la organización criminal.

Almaguer dijo que del 6 al 13 de junio pasado se recibieron seis denuncias de personas desaparecidas, quienes tenían en común buscar trabajo en la red social Facebook y haber avisado a su familia que debían acudir a Tala a capacitarse, por lo que recibirían un pago durante el entrenamiento.

Siguiendo esa pista, 400 agentes de inteligencia local y militares localizaron tres campamentos en los que el CJNG adiestraba a sus futuros pistoleros para sumar cinco campamentos hallados en una semana en la Región Valles: Tala, Ameca, Teuchitlán, Magdalena y Tequila.

Tiempo atrás el sistema de procuración de justicia –dependiente del ejecutivo estatal- se había negado a permitir la búsqueda de los desaparecidos en fosas clandestinas de municipios aledaños.

Por eso tras la presentación de la nueva Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la representante del colectivo Por Amor A Ellxs, Esperanza Chávez, hizo un llamado enérgico a pasar de la simulación a la realidad.

“No hay recursos suficientes para trabajar en la localización de las personas desaparecidas, el compromiso del ejecutivo en apoyar el trabajo del fiscal, sin simulaciones, sin azes de bajo de la manga, exigimos el compromiso que la Fiscalía General detenga el rezago criminal, en el que ha mantenido el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que ha permitido que sea imposible identificar cuerpos y abrir fosas, exigimos también que el Congreso deje de simular y trabaje en la Ley Estatal de Víctimas”.

“Por Amor a Ellxs” a través del contacto con familias que padecen de la incertidumbre por no encontrar a un desaparecido, han identificado un perfil entre los y las desaparecidas, las mayoría eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, contaban con estudios y no tenían ningún vínculo con alguna célula delincuencial

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