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Armas, rehenes y amenazas: El informe detallado de la fuga de reos en el penal de Aguaruto para salvar a Ovidio Guzmán

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El 17 de octubre de 2019, la ciudad de Culiacán, Sinaloa se convirtió en un infierno. Esa tarde, alrededor de las 13:00 horas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Ministerial, comenzaron un operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.


Sabían que el vástago de quien fuera considerado el narcotraficante más poderoso del mundo de los últimos tiempos, se encontraba en un domicilio ubicado en una de las zonas residenciales más exclusivas de Culiacán.

Fue alrededor de las 14:30 horas, que los elementos federales rodearon el inmueble del fraccionamiento de Tres Ríos y 20 minutos después, se reportaron las primeras balaceras en contra de los policías y los soldados.


Ovidio salió al estacionamiento del inmueble, donde elementos de las Fuerzas Armadas lo detuvieron y lo invitaron a persuadir a sus hermanos para detener las intensas balaceras, narcobloqueos y caos en las calles de la capital sinaloense y que estaban poniendo en riesgo a la población.

Pese a que Ovidio llamó a su hermano Iván Archivaldo, alias “El Chapito” a quien le aseguró ya se había entregado y que detuvieran las balaceras, no fue así. Las huestes del Cártel de Sinaloa desataron el caos y el pánico entre los ciudadanos.

Pronto, las noticias de lo que sucedía en las calles llegaron a oídos de los reos del penal de Aguaruto. En cuanto supieron de la captura de Ovidio (quien fue liberado horas después), los presos sacaron sus armas, sometieron al personal de vigilancia de la reja de administración y lo usaron como escudo humano para evitar que el resto de custodios les dispararan.

De acuerdo con el portal La Silla Rota que obtuvo el informe elaborado por el jefe de seguridad de centro penitenciario, los presos desarmaron a los custodios, abrieron la puerta y huyeron para reforzar a los sicarios del Cártel “queremos salir a pelear con el señor”, habrían dicho.

Según el informe, el código rojo se activó a las 16:38 horas del 17 de octubre de 2019 y en el cual narra que los primeros en ser sometidos fueron dos guardias del área de barandilla que llegaron a la reja. Los reos de los ocho diferentes módulos que conforman el penal, que ya se encontraban armados, se congregaron ahí. Superaban en número y en armas a los policías.

Fue entonces que los custodios fueron tomados como rehenes y obligados a llamar por radio a una de sus compañeras, quien al llegar y ver que sólo estaba un guardia abrió la reja, pero en esos momentos aparecieron los reos amotinados que se le echaron encima cuando intentó cerrarla.

La sometieron y le quitaron su arma, una Glock calibre 9 milímetros, con la que se había armado por la alerta que había en la ciudad a causa de que “Los Chapitos”.

La custodia también fue tomada como rehén por lo que fue obligada a abrir la reja. Los reclusos se dirigieron al área conocida como “callejón en donde se encontraban tres custodios más que al ver que los reos traían como escudos a sus compañeros, no dispararon. Otro de ellos fue tomado como rehén.

Con los cuatro policías como protección, los presos caminaron a la puerta de salida que estaba cerrada. Entonces golpearon e hicieron un disparo hacia dentro del pórtico porque ahí se encontraba otro custodio que salió tras la detonación. Lo sometieron, le quitaron su arma y las llaves del pasillo que lleva a la salida.

Al abrir, un grupo de 52 presos salió, pero antes, golpeó a uno de los custodios que tenía como rehén y lo aventó a la fosa de revisión de vehículos; a los demás se los llevaron para garantizar su huída.

El jefe de seguridad del penal asegura que se encontraba en el pasillo que conduce a la puerta principal porque había recibido la información que gente vestida de civil estaba rodeando el penal “cuando de repente vimos aparecer a las personas privadas de su libertad llevando a los rehenes, no pudieron hacer nada ya que tenían armas cortas y largas”.

El mando, cuyo nombre se reserva en el informe, afirmó que lo encañonaron y despojaron de su arma, al tiempo que le dijeron que lo llevarían como canje para que el gobierno soltara “al señor”, pero que en el último momento, cuando lo llevaban sometido, logró zafarse y tirarse al piso mientras seguían escapando más reclusos.

“Al observar que dichas personas se estaban brincando la cerca y la puerta de salida, nos levantamos y junto con los demás custodios, a los que ya habían soltado, nos regresamos al área de pórtico y procedí nuevamente a ordenar que se armaran para resguardar el penal, en virtud de que la cancha de futbol aún seguían personas privadas de la libertad que querían salir a pelear con el señor", dice el informe en que el jefe de seguridad asegura que después de cerrar las puertas, apostó a su personal en ‘el azote (sic)’ y pidió apoyo a la policía estatal, “porque a la altura de las torres cuatro y cinco más pretendían escapar”.

Al final, 52 presos salieron y amagaron a algunos automovilistas que transitaban por el penal para quitarles sus automóviles. La Secretaría de Seguridad del estado cuenta sólo a 47 evadidos, debido a que cinco fueron recapturados o se entregaron.

De los que aún se encuentran prófugos, 35 habían sido sentenciados por delitos como privación ilegal de la libertad, contra la seguridad pública, contra la salud, secuestro y homicidio. Del total, 30 son considerados de alta peligrosidad y posiblemente vinculados al Cártel de Sinaloa.

Esta no es la primera vez que se registra una fuga del penal de Aguaruto. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, arrojó hacinamiento de reos, autogobierno e insuficiencia de custodios.

En julio de 2018 se evadieron Juan Grimaldi Paredes, presunto operador del Cártel de Sinaloa y Carlos de Jesús Salmón Higuera, de los Beltrán Leyva, identificado con Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”. Ambos escaparon vestidos con uniformes de vigilantes. En marzo de 2017, se fugó Juan José Esparragoza Monzón, hijo del narcotraficante Juan José Esparragoza “El Azul”.

En julio de ese mismo año, custodios realizaron una protesta ante la ingobernabilidad de la prisión, los lujos y protección que gozaban los narcotraficantes, pero fueron amenazados de muerte junto con miembros de la Comisión Estatal de los derechos humanos, por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
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